El presupuesto federal ha albergado históricamente un conjunto amplio de ejemplos de despilfarro y opacidad. No existen muchos estudios respecto a qué tan eficaz es la implementación de la metodología del marco lógico para optimizar el ejercicio del presupuesto público en los diferentes niveles de gobierno, pero sí existen muchos datos respecto a lo mal que se ejerce el presupuesto público en dichos niveles. México Evalúa ha señalado que el Ramo 23 del presupuesto federal está compuesto por algunos fondos que no se encuentran regulados por ninguna normativa oficial, teniendo como consecuencia que en 2017 se sobre-ejercieran 217.9 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado (1).

El gobierno federal que entrará oficialmente en funciones a partir del 1 de Diciembre de 2018 se ha comprometido a implementar un programa de austeridad que incluye entre otras cosas la reducción del personal de confianza y una disminución sustancial en el salario de dicho personal a partir del inicio de la nueva administración. Diversos analistas se han mostrado críticos frente a esta medida, vaticinando poco menos que una catástrofe una vez que sea implementada (2). Una de las medidas usadas por organismos internacionales para medir el costo relativo de la administración pública es la proporción de la remuneración burocrática con respecto al PIB per cápita de cada país. Un resultado reciente refiere que un funcionario mexicano con nivel de subsecretario federal recibe una compensación que representa 13 veces el PIB per cápita mexicano, frente a 4 veces promedio de la OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económico – (3).

Además de la eficacia, un parámetro importante para justificar un determinado salario a un trabajador público o privado es la eficiencia. En este sentido, el sobre-ejercicio del presupuesto y los sueldos millonarios tampoco se ven justificados frente a casos como el que representa el programa “Cruzada Contra el Hambre”, que generó de 2013 a 2015 un gasto de 500 millones de pesos, de los cuales más de 272 millones fueron destinados a promoción en medios de comunicación (4). El programa está destinado a atender una población identificada en pobreza extrema – 11 millones de personas al inicio del programa en 2013-, pero una de sus deficiencias es la ausencia de padrones confiables y la duplicidad de funciones y asignaciones. Al desproporcionado gasto en publicidad se suman otros muchos gastos administrativos y salarios que según datos del CONEVAL derivaron en un aumento de la población con carencia de acceso a la alimentación al 23 de Julio de 2015 (5).

El caso de la impartición y administración de la Justicia también es paradigmático pues en base a los más recientes resultados del Índice Global de Impunidad desarrollado por la UDLA-P, en México la impunidad alcanza el 99.3% (6). El Poder Judicial de la Federación es un ente por demás complejo, pero tanto la razón Sueldo/PIB per cápita como otras medidas de referencia evidencian la carencia de una justificación concreta a un sueldo tan excesivo – 4,229,555 pesos al año para un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación- (7), aun si la sociedad viera a la corte como un ejemplo de desempeño y eficiencia, pues en última instancia la corte es uno solo de los componentes de la institución que procura y administra la justicia en México. En este sentido, los resultados para 2017 del Índice Global de Competitividad colocan a México en el lugar 123 de 137 países analizados en el rubro de “Instituciones”, mientras que en el rubro “eficiencia del gobierno para solucionar controversias laborales” lo ubican en el lugar 118 (8). Si fuera posible justificar sueldos de esta magnitud para funcionarios del sistema judicial en activo, continuaría siendo difícil entender la razón de una jubilación excepcional para dichos funcionarios en retiro – 258 mil pesos de jubilación más bonos por alimentos, seguro de gastos médicos mayores, 5 trabajadores pagados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 50% del sueldo en activo como pensión para la viuda o viudo cuando muere el ministro en retiro- (9) debido a que ningún fondo de retiro para un trabajador del sector privado le aportaría estos beneficios exorbitantes. De hecho, para 2016 eran 6 de cada 10 los trabadores que se encontraban laborando en la informalidad, lo que además de quitarles el derecho a la seguridad social, les impedía cotizar en alguno de los fondos de retiro existentes (10). En este sentido, resulta preocupante que aun cuando las tasas de aportación obligatoria sean de las más bajas entre los países que integran la OCDE, la mayoría de los trabajadores en México no estén aportando ni siquiera ese mínimo, lo que se traduce en una bomba de tiempo que puede estallar antes de lo pronosticado por este organismo internacional (11). Muchos de quienes se oponen a que los salarios de la alta burocracia se reduzcan, se oponen al mismo tiempo a que el salario mínimo aumente al nivel que garantiza una vida digna, argumentando que eso provocaría presiones al alza en la tasa de inflación. No existen estudios científicos que muestren con claridad cuáles serían los efectos reales del incremento en el salario mínimo sobre la tasa de inflación, pero quienes esgrimen este argumento soslayan implícitamente que no todos los trabajadores en la informalidad ganan el mínimo y que existen trabajadores que laboran en un esquema diferente al pago por jornada; incluso pretenden ignorar que existen trabajadores que cumplen estándares de productividad internacionales como los de la industria automotriz y que aun así no perciben salarios equiparables a sus pares en otras naciones, ni siquiera realizando comparativas en paridad de poder de compra.

Si el papel del Estado no es crear empleos, sí lo es en cambio, crear y promover las instituciones que permitan la inversión y el desarrollo de negocios protegidos por un estado de derecho. A pesar de los avances en materia de acceso a la educación y otros servicios, los gobiernos de las últimas cuatro décadas han construido una economía con las cifras macroeconómicas clave bajo control, pero con índices de desigualdad entre los más altos del mundo. Si bien, el índice de desigualdad de Gini por deciles de ingreso se ha reducido en la última década llegando a .448 en 2016 (12), esto se traduce sin embargo en que el 30% de los hogares más ricos concentró en ese año el 63.3% del ingreso corriente total, mientras que el 30% de los hogares más pobres acumuló el 9% en ese mismo año (13). Adicionalmente, la Comisión Económica para América Latina hizo público a mediados de 2017 que el 10% de la población más rica acumula el 80% de la propiedad de los activos financieros en México (14). Si a esto le agregamos el componente intergeneracional de la desigualdad el panorama resulta menos satisfactorio. En 2015 el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, CEEY, mostró que el 48% de quienes nacen en el quintil más pobre de la población se mantendrá en éste por el resto de su vida (15). Por su parte, Delajara & Graña (2017) ofrecen datos de movilidad intergeneracional desglosados por regiones, mostrando así un claro diferencial en función del lugar en el que una persona nace y se desenvuelve. De este modo, el porcentaje de personas que nacen en el quintil más bajo de ingreso y se mantienen en él a lo largo de toda su vida es de 55.2%, 34.3%, 24.0% y 22.1% para las regiones Sur, Centro, Centro-Norte y Norte de México respectivamente (16).

Es imposible que la sociedad mexicana logre desarrollar una economía vigorosa y funcional teniendo a cuestas problemas estructurales tan serios como los mencionados. Sin negar que es un tema de corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, es el gobierno mismo quien debe asumir la responsabilidad de desmantelar una burocracia dorada que vive dentro de una burbuja de protección salarial que no se corresponde con sus resultados. La falsa premisa de que una reducción importante de los ingresos de la alta burocracia derivará en un éxodo al sector privado pasa por alto la existencia de una puerta giratoria, que si bien, no es privativa de México, hace que muchos funcionarios de primer nivel naveguen sin problemas del sector privado al público y viceversa siempre que sea de su conveniencia. Uno de los posibles efectos adversos de esta puerta giratoria es que el gobierno federal y muchos gobiernos estatales tengan entre sus filas a personal que en términos reales ni siquiera esté trabajando para la sociedad sino para algún corporativo a cuenta del erario público. En la práctica, la mayor parte de las vacantes de empleo ofertadas en portales de internet ofrecen entre 5 y 10 mil pesos mensuales aun cuando se trate de vacantes que nominalmente requieran estudios de posgrado y altas capacidades productivas (17). Con la mitad de los niños y jóvenes mexicanos en la pobreza (18) y un alto porcentaje de las personas de ingresos medios en riesgo de recaer en ella (19), tanto el gobierno federal como los gobiernos locales deberían acoplarse a las circunstancias prevalecientes y regirse por verdaderos criterios de productividad. La sociedad por su parte tendría que ser partícipe y vigilar que estos criterios se cumplan, especialmente con un mandato tan importante como el de las recientes elecciones federales.