El hecho de que sea la primera vez que se hace una consulta ciudadana para ver si se enjuicia a expresidentes, causa dudas, y es importante que algo salga de este ejercicio. La autoridad tiene que responder a los resultados de la consulta de manera seria, de modo que se pueda lograr una sanción de Estado. Que en principio todos los crímenes auspiciados por expresidentes, no se vuelvan a repetir: Corrupción, robo de recursos públicos, guerra contra el narco, etc. Dado el costo monetario tan alto - 528 millones [1]-, el beneficio debería ser mayor que el costo, para hacer evidente de que este esfuerzo valió la pena.

No es correcta la idea de que la consulta es innecesaria debido a que "la ley faculta al gobierno" a castigar los delitos. Los expresidentes no son personas comunes y corrientes. Los casos en América Latina de juicios a expresidentes de las dictaduras son ejemplos claros en donde se observa la importancia de que un país se ponga de acuerdo en esa tarea.

Tiene que ser la sociedad la que marche junto con su gobierno para juzgar a los titulares de regímenes pasados. Si sólo va el gobierno con la ley en la mano es muy difícil que se llegue a buen puerto dada la dimensionalidad política de los actores involucrados. El gobierno debe estar respaldado socialmente, pues de no ser así, el país está en riesgo de quedar fracturado. La consulta es la forma en que la sociedad puede dar su aval, y decirle al gobierno "ve con todo".

Es ineludible que se trata de un ejercicio inédito, y la consulta es una forma de intentar que se logre lo más que se pueda. Si alguien nunca ha lanzado un balón de básquet, es poco probable que anote canasta la primera vez, si la anota es "suerte de principiante". Es difícil que la persona entienda cómo anotar la canasta si nunca ha lanzado un balón. La persona tiene que lanzar una y otra vez hasta que entienda qué fuerza tiene que usar, la dirección que tiene que poner, la posición que debe tener, para que sea posible anotar. Por supuesto, no se puede estar juzgando a expresidentes cada mes, para "agarrar práctica", pero el no haberlo hecho nunca, en algo influye a que haya dudas.

Un aval social y político a través de la consulta ayudará a que las dudas se dispersen, y se trate de llegar a algo aceptable y concreto. Uno de los resultados más importantes de este ejercicio puede ser la construcción de herramientas para que los delitos cometidos por expresidentes no se vuelvan a repetir. Que quede claro qué fue lo que hicieron y lo que no hicieron y que lo malo que hicieron no se vuelva a repetir. Si no es posible encarcelarlos, pero se puede demostrar que hay recursos que fueron extraídos de la Nación, dichos recursos deberían restituirse de conformidad con las leyes aplicables.

La consulta ya es un hecho ineludible. No hay visos de que pueda llegar a cancelarse. Esta situación en sí misma tendría que ser ya un logro para la Nación, y los resultados derivados de la misma, cualesquiera que fueren, significarían algo positivo con miras hacia un futuro constructivo. No es estrictamente necesario que la participación de votantes alcance el 40% del padrón para considerar a este como un buen primer intento de cerrarle para siempre la puerta al saqueo de recursos públicos y la corrupción. Probablemente solo haya un resultado que pueda llegar a considerarse como un rotundo fracaso, y es el observar una participación sumamente baja. Este resultado desastroso no es totalmente descartable, porque hay factores muy potentes en contra - como la imagen que se ha insertado en el inconsciente colectivo de que los expresidentes son y serán intocables-. No obstante, el avance en la politización dentro de la sociedad mexicana ha sido vertiginoso en los últimos años, y por lo menos, en este momento, el balón está de su lado.