Durante la conferencia mañanera del 20 de Agosto de 2020, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su postura acerca de la pertinencia de una consulta ciudadana para decidir si se debe juzgar a los expresidentes.

"[…] ya saben mi opinión, de que, de conformidad con la ley se hagan las investigaciones, y en el caso de que se pretenda juzgar a los expresidentes, lo más recomendable por el bien del país, es que se realice una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no, porque no quiero, ya lo dije y lo repito, que se piense que yo soy el verdugo, […] en una democracia el pueblo manda, y el poder dimana del pueblo, y se instituye para su beneficio, entonces, lo mejor es preguntarle a los ciudadanos, y que entre todos lo decidamos, de manera responsable… Ahora si la gente dice sí, pues, yo no puedo estar en contra de la voluntad del pueblo, pero creo que sí convendría, si se va a llegar a los expresidentes, que se realice una consulta pública, y desde luego tendría que hacerse todo en el marco de la ley, que exista un auténtico estado de derecho, o que se demuestre que vivimos en un estado de derecho, no en un estado de chueco, como era antes." [1]

En América Latina existen varios antecedentes importantes acerca de los intentos por enjuiciar a expresidentes. En algunos casos esos antecedentes han tenido buen puerto, pero en la mayoría han fracasado de alguna forma. El 7 de Noviembre de 2005 Alberto Fujimori fue detenido en Chile después de haber permanecido durante varios años en Japón apelando a su nacionalidad japonesa. [2] Fujimori renunció, durante un viaje internacional, al cargo de Presidente de Perú en el inicio de su tercera gestión. Esta tercera reelección había sido señalada como ilegal por amplios sectores de la sociedad y como inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Perú. En Septiembre de 2007 fue extraditado a Perú [3] y en 2009 se declaró culpable por cargos de corrupción, espionaje y compra ilegal de medios de comunicación. [4] Condenado en total a 25 años de prisión, Fujimori permanece recluido después de un breve periodo en libertad gracias a un indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski, y que posteriormente fue anulado. [5]

Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, también expresidentes de Perú fueron señalados por corrupción e implicación en el caso Odebrecht. Alan García se suicidó mientras el personal que haría efectiva una orden de detención, hacía presencia en su casa. [6]

Uno de los ejemplos más representativos en los intentos frustrados de juicio a expresidentes es el de Augusto Pinochet. Pinochet asumió la presidencia de Chile a partir del golpe de estado del 11 de Septiembre de 1973, y se mantuvo en el cargo durante 17 años. [7] Patricio Aylwin, candidato de la Concertación, fue el primer presidente civil después de la dictadura, pero su gestión se mantuvo restringida en la mayoría de los aspectos, incluyendo el hecho de que por mandato constitucional, el Comandante en Jefe del Ejército de Chile debía ser el propio Pinochet, [8] que se mantuvo en ese cargo hasta su retiro en 1997. [20] Las demandas de amplios sectores de la sociedad para que Pinochet fuera juzgado por delitos contra la Humanidad comenzaron a hacerse eco a partir de su retiro del ejército, pero tan pronto como dicho retiro fue efectivo, logró gracias al apoyo de sus partidarios, un puesto como senador vitalicio en el Congreso de Chile. [9] Fue en 1998, durante una visita de Pinochet a Londres, con el objeto de someterse a una operación de columna, que el entonces Juez español Baltazar Garzón remitió una orden de captura al Reino Unido, misma que fue aceptada y hecha efectiva el 16 de Octubre de ese año. [10]

Esta detención desató intensos enfrentamientos tanto en Londres como en Chile entre sobrevivientes de la dictadura y familiares de desaparecidos por una parte, y partidarios del régimen pinochetista, por otra. En principio, la Cámara de los Lores aprobó el 25 de Noviembre de 1998 que Pinochet podía ser juzgado en Londres, pero después de apelaciones e intensas negociaciones políticas entre Chile, Reino Unido y España, el Ministro del Interior británico Jack Straw, decidió oficialmente que por razones de salud, Pinochet no estaba en condiciones de ser juzgado en Londres. Entre los elementos que hicieron prosperar las negociaciones se encuentra la condición de que el todavía senador vitalicio fuera juzgado en Chile. [11] El 3 de Marzo de 2000 Pinochet regresó a Chile en medio de un proceso de desafuero parlamentario, pero arropado totalmente por el ejército y sus partidarios. [12] El 8 de Agosto de 2000, con una votación de 14 votos a favor del desafuero y 6 en contra, el pleno de la Corte Suprema de Chile ratificó el desafuero de Pinochet, promovido por el Ministro de Fuero Juan Guzmán, quien a su vez querelló otros casos a favor de las víctimas de la dictadura, como el de Caravana de la Muerte, [12] que terminó sobreseído por supuestas razones de salud. Una entrevista realizada por María Elvira Salazar [13] en 2003 fue usada como prueba para mostrar que Pinochet se encontraba en condiciones de enfrentar las causas de los querellantes.

Como consecuencia, en 2004 la Corte Suprema le retira a Pinochet el fuero que aun conservaba como expresidente, lo que le permite nuevamente al juez Juan Guzmán interrogarlo en esta ocasión por el caso Operación Condor. [14] Este intento por procesar a Pinochet volvió a verse frustrado debido a una revocación emitida en la Corte de Apelaciones. [15] El apoyo del que Augusto Pinochet gozaba por parte de políticos y empresarios desapareció a raíz de la publicación, el 15 de Julio de 2004, del informe del Subcomité de Investigaciones del Senado de Estados Unidos sobre las cuentas secretas de Pinochet en el Banco Riggs. [16] Esta revelación detonó a su vez la apertura del caso Riggs en Chile, que entre otras cosas derivó en el embargo de los bienes de Pinochet. Adicionalmente se sumaron otras acusaciones, entre las que destacan, la de evasión de impuestos y malversación de fondos públicos, el caso Villa Grimadi y el caso Operación Colombo. [17] La muerte de Augusto Pinochet el 10 de Diciembre de 2006, [18] desató tensiones y actos violentos entre sus partidarios y detractores, tanto en las afueras del Hospital Militar donde se encontraba internado como en el parque O'Higgins donde se concentró una gran cantidad de gente para celebrar el hecho. Durante su funeral en la Escuela Militar se observaron agravios a la prensa y a la representante de la Presidenta Bachelet, por parte de familiares de militares y partidarios. [17]

Pinochet murió sin realmente ser juzgado, en los hechos, por los crímenes por los que se le persiguió. Pero lo que sí sufrió fue el el desprestigio, el escarnio y el desgarramiento de sus redes de poder y complicidad; talvez eso es lo que se sabía que se podía hacer y lo que se buscó hacer, de tal forma que el país no terminara de romperse, y que no se detuviera el proceso de transición a la democracia. Esa parece ser la postura de López Obrador desde su discurso de toma de protesta, y desde antes aun, enjuiciar moralmente a los funcionarios del pasado, señalarlos y estigmatizarlos:

"[...] desde mi punto de vista, en las actuales circunstancias, es más severa y eficaz la condena al régimen neoliberal, dejar en claro su manifiesto fracaso y su evidente corrupción, y hacer todo lo que podamos para abolir el régimen neoliberal, que someter a procesos judiciales o a juicios sumarios a sus personeros quienes a fin de cuentas no dejan de ser menores ante la esperanza de todo un pueblo y la fortaleza de una nación como la nuestra." [19]

Los juicios a expresidentes representan el deseo y el esfuerzo de una parte importante de las sociedades para romper con un pasado de corrupción, de saqueo, y de violación a los derechos humanos. El riesgo de hacerlo mal puede significar romper un país, dividirlo en dos o más bandos, y llenarlo de odio irreconciliable entre connacionales. También se hace referencia a este riesgo en el discurso de toma de protesta:

"[...] siendo honestos, como lo somos, si habrimos expedientes, dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar por los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado, no habría juzgados ni cárceles suficientes, y lo más delicado, lo más serio, meteríamos al país en una dinámica de fractura, conflicto y confrontación, y ello nos llevaría a consumir tiempo, energía y recursos, que necesitamos para emprender la regeneración verdadera y radical, de la vida pública de México." [19]

No hay recetas únicas pero sí hay ingredientes indispensables, como lo son la honestidad, la justicia, la reparación y la democracia. El componente político de este tema particular, se ha incrementado notoriamente en días recientes, y los costos y beneficios también políticos se podrán evaluar en el futuro. Los inmensos desfalcos a la Nación y los actos de corrupción que se han hecho públicos a través de las diferentes denuncias conocidas, exigen que en cualquier caso, una de las constantes indispensables sea la restitución de los bienes y riquezas que pertenecen al pueblo de México. Esta exigencia no se circunscribe exclusivamente al ámbito de los ex presidentes sino que se extiende a lo largo de todo el espectro de la administración pública, a nivel municipal, estatal y federal. Mirar hacia adelante para no perder un país, no debe ser sinónimo de permitir que la Nación se desprenda de recursos, propiedades y territorios que le correspondan por derecho.