El Jueves 14 de Enero la Fiscalía General de la República comunicó que no ejercería acción penal en contra del General Salvador Cienfuegos, ex Secretario de la Defensa Nacional, por no encontrarse pruebas de su relación con el cártel H-2. [1] Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, mencionó que su gobierno "avala, respalda [la decisión de la Fiscalía], porque nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no puede haber represalias…" [2, min 27:25] Además mencionó que "la Fiscalía ha actuado porque se consideró que los elementos de prueba presentados por […] la DEA, no tienen ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del General Cienfuegos…" [2, min 40:01] López Obrador refirió que aunque la investigación de la DEA ya llevaba mucho tiempo, la detención del General se da antes de las elecciones [presidenciales en Estados Unidos], aun cuando Cienfuegos ya había estado antes en Estados Unidos, en Marzo. [2, min 40:59]

La periodista Olga Wornat publicó en un tuit que "No voy a retractarme de lo q pienso y sé de Cienfuegos. No creo en la maldita guerra a las drogas y las agencias gringas están llenas d pillos. Pero creer que x este expediente vergonzoso demuestra su honestidad, hay una abismo. Adios Ayotzinapa. Adios Tlatlaya." [3] En opinión de Anabel Hernández, la investigación del caso Cienfuegos, "no fue ni veraz ni imparcial." [4]

El nombramiento de Gertz Manero como primer Fiscal General de la República generó dudas y cuestionamientos acerca de su autonomía frente al Ejecutivo Federal. [5] Practicamente desde el principio quedó por sentada la noción de que la autonomía parcial de la Fiscalía constituía una respuesta a la experiencia observada en el caso Lula da Silva, [6] quien desde la primera mitad de 2016 enfrentó la presión del sistema judicial en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato encabezada por el juez Sergio Moro. [7]

La extrema rapidez con la que esta causa fue procesada, pone de manifiesto una constante con la que la sociedad mexicana vive: la justicia no es igual para todos. Los costos probables y reales de una decisión de esta naturaleza deben sin embargo, ser contrastados con los beneficios, que evidentemente son grandes, pero que al mismo tiempo acarrean sensibles riesgos. El Ejército se encuentra involucrado en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la construcción de sucursales del Banco del Bienestar, el proyecto de la Guardia Nacional, la administración y seguridad de los puertos, y la logística del proceso de vacunación anti-Covid, por sólo mencionar los proyectos principales. La guerra desatada a partir de 2006, trastocó la integridad plena del Ejército como Institución, pero desetimar las acusaciones contra el General Salvador Cienfuegos y liberarlo de toda responsabilidad penal, representa un gesto de enorme contenido simbólico, especialmente para la oficialidad, dado el máximo rango que ejerció como General Secretario de la Defensa Nacional.

El Presidente logra ahora, con este gesto, un compromiso redoblado de las Fuerzas Armadas con los proyectos prioritarios de la 4T, y de manera paralela y no menos importante, parece lograr la conjura de un golpe con la anuencia del Ejército. La cercana relación entre las Fuerzas Armadas y el Ejecutivo Federal no representa, sin embargo, una condición cercana al concepto de unión cívico-militar, [8] además de que entre los analistas permea la percepción de una creciente militarización de la vida pública, aunada al hecho de que son las Fuerzas Armadas las que más denuncias acumulan por tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada. [9]