Para desterrar la discriminación debemos discriminar. Se discrimina, por ejemplo, cuando se cobra un impuesto progresivo. Para desterrar el racismo debemos prohibir. Eso es lo que hace la legislación alemana en aras de generar un entorno favorable al respeto y la convivencia. [1] Probablemente esa sea la razón por la cuál muchos y muchas sobrevivientes de los campos de concentración nazis se han decidido a regresar en algún momento de sus vidas a esos lugares con el objeto de reivindicar su identidad. [2] ¿Estarían de acuerdo en regresar si los símbolos y las ideas nazis se manifestaran libremente en las sociedades que albergan esos recintos convertidos hoy en museos?

Se requiere un debate amplio sobre qué discriminar y qué prohibir. Lo cierto es que cero discriminación y cero prohibición es algo que de raíz es antitético de una sociedad civilizada. Más aun, debido a que el racismo es un instrumento usado y alentado por el poder, la sociedad debe estar alerta y preparada para evitar que la prohibición de los símbolos y las actitudes racistas no se convierta en simulación, como lo menciona Ian López al referir que el discurso del poder ha pasado de ser abiertamente supremacista blanco en los 60's a utilizar eufemismos y "cambiar el código". [3]

En una sociedad avanzada, libertad de expresión no debería significar cero prohibición a hablar de lo que sea y como sea. De la misma forma procuramos no decir cosas que puedan lastimar a alguien que queremos. En las relaciones sanas, las personas tratan de cuidar qué cosas decir y cómo decirlas para no lastimar a las personas que quieren. ¿Por qué tendría que ser radicalmente diferente en el entorno social? ¿Por qué en aras de una supuesta libertad de expresión alguien tendría el derecho de pisotear la dignidad de una persona o grupo por motivo de su apariencia, su color de piel o incluso de la cantidad de dinero en su bolsillo?

Una sociedad civilizada y avanzada no debería confiar que las fuerzas de oferta y demanda fueran las encargadas de resolver un problema de racismo. Con el argumento de "si no te gusta no lo veas", "si te ofende dale unfollow", los racistas consiguen impunidad, pues el mercado de la difusión y la opinión no es un mercado de libre competencia. El Jueves 31 de Diciembre de 2020, por ejemplo, la Federación Inglesa de Futbol anunció que el futbolista Edinson Cavani era suspendido por tres partidos y multado con 136 mil dólares por usar la palabra "negrito" en Instagram. [4] Al 7 de Enero de 2020, Cavani cuenta con más de 8 millones de seguidores y su argumentación fue el “saberme ajeno a las costumbres idiomáticas inglesas” y “pido disculpas si ofendí a alguien con una expresión de cariño hacia un amigo”. [5] Independientemente de la diferencia cultural y la dureza de la sanción, lo cierto es que una cuenta con tan alto número de seguidores, puede volverse una caja de resonancia demasiado potente en caso de publicarse un comentario verdaderamente racista.

Por otro lado, la decisión de Facebook [6], Twitter [7] y Youtube [8] de suspender indefinidamente en el primer caso, y temporalmente en el segundo, la cuenta del aún Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, así como de eliminar publicaciones, marcan un hecho sin precedente en la aún breve historia de las redes sociales. El discurso de odio, velado o explícito, propagado a través de las cuentas de Trump, con más de 88 millones de seguidores en Twitter [9] ha demostrado tener una resonancia a ras de tierra, culminando con la toma del Capitolio el 6 de Enero [10], día en que el Congreso debía ratificar el triunfo de Joe Biden como Presidente Electo de Estados Unidos. La preocupación legítima de muchos, radica en que son los poderosos monopolios de la comunicación digital los que en esta ocasión han decidido censurar un discurso que bajo sus propios criterios promueve el odio y la violencia. Esto nos enfrenta ante la cruda realidad de que son estos monopolios los que tienen en propiedad el botón de apagado, de que no existen – por lo menos en la misma dimensión y alcance- otras redes sociales que puedan ser identificadas a su vez como bienes sociales, y no como entidades privadas. Son las sociedades quienes deben decidir qué se censura, y por tanto, su botón de apagado debería ser tan influyente como el de los todopoderosos monopolios de la comunicación digital.

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